LA HABANA (AP) — Las autoridades cubanas advirtieron que el sistema energético nacional tendrá un déficit en la provisión de electricidad superior al 55% durante el horario pico de la tarde o noche del miércoles, un día después de que una gran central en el oriente de la isla sufriera una avería.
La cifra de disponibilidad de corriente es la peor en semanas, lo que implica que más de la mitad de los cubanos no cuenten con electricidad en este momento de máxima demanda. La avería se produce en el marco de una fuerte crisis del sistema energético que el año pasado ocasionó tres episodios de históricos apagones totales.
Una nota informativa de la Unión Eléctrica, la entidad estatal de dirige al sector, informó en un parte que para la “hora pico” entre las 6:00 de la tarde y las 8:00 de la noche --cuando oscurece y muchas familias llegan a sus hogares y se preparan sus alimentos con corriente— alcanzará el déficit del 56.8%.
Según la dependencia, la demanda alcanzará a esa hora los 3.290 megavatios y la afectación estimada será de 1.870 megavatios.
Las principales dificultades estarán en varias averías en las centrales termoeléctricas más grandes o que están fuera de línea por mantenimiento. Sin embargo, los peores daños los ocasionará la falta de combustible para alimentar tanto para las plantas –más pequeñas— distribuidas en todo el país y dos patanas turcas.
El 18 de octubre del año pasado se registró un primer colapso por la caída del sistema energético nacional —dos días después el paso del ciclón Oscar— lo que complicó el restablecimiento del fluido. A comienzos de noviembre se produjo otro apagón total debido al paso del huracán Rafael y a comienzos de diciembre un tercer episodio en la madrugada pero que logró superarse rápidamente.
Las interrupciones del servicio se convirtieron en una constante en los últimos años en Cuba, con cortes de energía de más del 50% del país tanto por la falta de combustible para producir la electricidad como por fallas en las viejas instalaciones, algunas de las cuales ya pasaron el plazo de explotación previsto.
Las autoridades trazaron un plan para instalar a toda marcha este año parques solares fotovoltaicos con los cuales esperan alcanzar la generación de 1.200 megavatios, pero las cosas podrían empeorar hacia la temporada de junio a septiembre, cuando las temperaturas se incrementan debido al verano.
El escenario acompaña a la dramática situación económica en Cuba que comenzó a deteriorarse en 2020 por una conjunción de factores: la paralización por la pandemia de COVID-19, una reforma monetaria interna fallida y un endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos a la isla. Las dificultades dispararon una migración récord sobre todo hacia Estados Unidos.
SAN JUAN, Puerto Rico (AP) — Los niños de Haití se ven cada vez más atrapados en el fuego cruzado de la violencia de pandillas , obligados a portar armas, espiar a la policía y a pandillas rivales y hacer recados para hombres armados, según un informe publicado el miércoles por Amnistía Internacional.
Uno de los 51 niños entrevistados por el grupo de derechos humanos dijo que una pandilla lo presionaba constantemente para que luchara junto a ella.
“Mataron a gente delante de mí y me pidieron que quemara sus cuerpos, pero no tengo valor para eso”, dijo el chico no identificado.
Según UNICEF, se estima que actualmente entre el 30% y el 50% de los miembros de pandillas son niños .
Amnistía Internacional afirmó que los niños “no tenían otra opción y que su participación se debía principalmente al hambre o al miedo”.
Casi dos millones de personas están al borde de la inanición en Haití , y se estima que más de un millón de niños viven en zonas controladas por pandillas, con el 85% de la capital, Puerto Príncipe, bajo su control.
Un muchacho no identificado, de 16 años, dijo que le pagan por hacer recados para una pandilla.
“Las pandillas tienen el control y no se puede hacer nada al respecto”, dijo.
Si los niños se niegan a seguir las órdenes de una pandilla, ellos o sus familias serán asesinados, según el informe, que se basó en un total de 112 entrevistas e investigaciones realizadas entre mayo y octubre del año pasado.
Los niños no sólo corren peligro a causa de las pandillas, sino también de los vigilantes y los agentes de policía que creen que trabajan para ellos, según Amnistía Internacional.
Las niñas y mujeres jóvenes también han sido violadas colectivamente por miembros de pandillas e infectadas con enfermedades de transmisión sexual, y a menudo terminan embarazadas en un país donde la atención médica es extremadamente limitada.
Una adolescente fue violada por seis hombres y su hermana por otros cinco.
“Había mucha sangre”, dijo la hermana menor no identificada en una entrevista.
Otra adolescente contó cómo bebió cloro para intentar suicidarse después de tener un bebé luego de ser violada por tres hombres que luego la dejaron desnuda en público.
“La gente me encontró en la calle y me puso un vestido”, dijo.
Amnistía Internacional afirmó que muchos de los entrevistados “se burlaron de la idea de denunciar sus ataques a las autoridades”.
Una joven de 16 años que fue secuestrada y violada por varios pandilleros dijo: “¿Estás bromeando? No es posible… No hay policía… Los únicos jefes del pueblo son los pandilleros”.
La violencia también ha provocado heridos y muertos.
Una niña de 14 años contó cómo una bala que rebotó le atravesó el labio en septiembre de 2024. Tres meses antes, su hermano de 17 años murió por una bala perdida.
“Perdí una presencia enorme en mi vida. Desde entonces, no sé cómo ser feliz”, dijo la niña.
La violencia castiga especialmente a los niños con discapacidades; algunos de ellos cuentan cómo tuvieron que dejar atrás sus muletas y sillas de ruedas durante los repentinos ataques de las pandillas en sus vecindarios.
Amnistía Internacional pidió al gobierno haitiano que apoye mejor a los niños, restablezca la educación, proporcione servicios de salud mental y reanude los procesos judiciales contra los niños sospechosos de tener vínculos con pandillas que están detenidos sin cargos.
También dijo que se necesitan más recursos, incluida capacitación y seguridad, para ayudar a reintegrar a los niños a la sociedad.
“La comunidad internacional no puede seguir haciendo promesas vacías”, afirma el informe. “El país necesita asistencia técnica y financiera inmediata y sostenida para rescatar a una generación de niños y niñas de la perdición en ciclos repetidos de violencia de pandillas”.
En 2023, se informó que 128 niños fueron asesinados, según la ONU Si bien la cifra no estaba disponible para el año pasado, se informó que más de 5.600 personas fueron asesinadas en 2024, encontró la organización.
La Policía Nacional de Haití, que carece gravemente de fondos y personal, está trabajando junto a una misión respaldada por la ONU y dirigida por la policía keniana para ayudar a sofocar la violencia de las pandillas.
Sin embargo, la misión carece de financiación y personal, y Estados Unidos y otros países han estado presionando para transformarla en una misión de mantenimiento de la paz de la ONU.
BELLADERE, Haití (AP) — Una multitud de 500 personas descendió de camiones polvorientos en una mañana reciente y atravesó un pequeño espacio en una puerta fronteriza que separa a Haití de la República Dominicana.
Fueron los primeros deportados del día, algunos todavía vestidos con ropa de trabajo y otros descalzos mientras hacían fila para recibir comida, agua y atención médica en la ciudad fronteriza haitiana de Belladère antes de reflexionar sobre su próximo movimiento.
Bajo un sol abrasador, los migrantes relataron lo que dijeron eran abusos crecientes por parte de funcionarios dominicanos después de que el presidente Luis Abinader les ordenó en octubre comenzar a deportar al menos 10.000 inmigrantes por semana bajo una nueva y dura política ampliamente criticada por organizaciones civiles.
“Derribaron mi puerta a las cuatro de la mañana”, dijo Odelyn St. Fleur, quien había trabajado como albañil en República Dominicana durante dos décadas. Había estado durmiendo junto a su esposa y su hijo de siete años.
El número de presuntas violaciones de los derechos humanos, que van desde allanamientos domiciliarios no autorizados hasta discriminación racial y deportaciones de madres lactantes y menores no acompañados, está aumentando a medida que las autoridades intensifican las deportaciones a Haití , que comparte la isla La Española con la República Dominicana.
Más de un cuarto de millón de personas fueron deportadas el año pasado, y más de 31.200 sólo en enero.
“La situación ha llegado a un punto crítico”, dijo Roudy Joseph, un activista que acusó a los funcionarios de ignorar el debido proceso durante los arrestos. “Todos los días, los niños son abandonados en las escuelas”.
'Te esperaré en el otro lado'
En una tarde reciente, docenas de vendedores se alinearon a ambos lados de los hombres, mujeres y niños no acompañados que marchaban en fila india hacia Belladère después de ser deportados, hundiendo sus pies en un sendero fangoso y lleno de basura que olía a orina.
Los hombres intentaron venderles vaqueros, agua, tarjetas SIM y viajes ilegales de regreso a República Dominicana: “¿Quieren pasar? Los espero del otro lado”, susurraban en criollo.
A pesar de las medidas represivas, muchos regresan a República Dominicana, dejando al descubierto un sistema que no funciona.
Esa tarde fue la segunda vez que Jimmy Milien, un instalador de pisos de 32 años, fue deportado. Fue arrestado en la capital, Santo Domingo, en 2024 y nuevamente a mediados de enero cuando las autoridades abordaron un autobús público y lo señalaron.
“Maldito diablo haitiano, bájate”, recuerda que le dijeron antes incluso de pedirle los documentos.
Dejó atrás a su esposa y dos hijos, de 3 y 12 años, y no sabe cuándo los volverá a ver.
Tenía previsto viajar a la capital de Haití, pero, como miles de otros que fueron abandonados en Belladère, tendría que cruzar por territorio de pandillas donde hombres armados abren fuego contra el transporte público.
"No hay comida, no hay nada, sólo criminales", dijo sobre Haití, donde el año pasado se informó de más de 5.600 muertes , la mayoría a manos de bandas que controlan el 85% de la capital, Puerto Príncipe.
Si Milien regresara por tercera vez a República Dominicana, le esperarían decenas de contrabandistas.
Mack, un haitiano que sólo dio su primer nombre para hablar libremente sobre el contrabando, dijo que transporta migrantes a través de la frontera hasta seis veces por semana.
Cobra 3 dólares por persona y luego ofrece 8 a los guardias fronterizos dominicanos: “Si les pagas, te dejan pasar”, dijo.
Vivió casi tres años en Santo Domingo, instalando paneles de yeso, hasta que lo deportaron. Luego se unió a una próspera operación de contrabando y dijo que no planea regresar a la capital hasta que se alivie la represión.
“Aquí todo el mundo me conoce”, dijo. “No me molestan”.
Un haitiano deportado de República Dominicana se baja de un camión en Carrizal, República Dominicana, en la frontera con Haití, el jueves 30 de enero de 2025.
Los puestos de control militares salpican la carretera que conduce desde la polvorienta frontera hacia la capital dominicana. Las autoridades suben a los autobuses, meten la cabeza por las ventanillas de los coches y detienen a los presuntos inmigrantes indocumentados, pero muchos de ellos se bajan antes de llegar a un puesto de control y vuelven a subir más adelante.
La afluencia de migrantes haitianos y sus intentos de reingresar ilegalmente es algo que preocupa al vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, director de migración dominicana.
“La República Dominicana… ha asumido demasiada responsabilidad por la situación en Haití”, dijo. “Estamos dispuestos a brindar apoyo, pero es importante que los líderes de Haití pongan orden en su país, que cuiden a su gente”.
Las autoridades dominicanas sostienen que los inmigrantes haitianos han sobrecargado los servicios públicos del país, con más de 80.000 nuevos estudiantes haitianos matriculados en las escuelas públicas en los últimos cuatro años. Las autoridades sanitarias afirman que las mujeres haitianas representan hasta el 70% de los nacimientos en el país, lo que le cuesta al gobierno millones de dólares.
Ballester dijo que desplegará funcionarios de migración adicionales en todo el país para abordar lo que describió como un aumento de inmigrantes indocumentados, diciendo que son una carga y un peligro para su país.
Aunque negó las acusaciones de abuso, reconoció que a los funcionarios se les permite ingresar a las casas “durante una persecución” y que el personal está siendo reentrenado “porque nuestro compromiso con el respeto de los derechos humanos es incuestionable”.
Ballester dijo que República Dominicana no deporta a menores no acompañados y que los funcionarios ahora separan a las mujeres y los niños de los hombres durante las deportaciones.
Pero a finales de enero, cinco adolescentes sin sus padres fueron deportados. Entre ellos se encontraba Jovenson Morette, de 15 años, quien dijo que fue detenido mientras trabajaba en un campo.
Él y los otros cuatro fueron entrevistados por funcionarios haitianos en Belladère que estaban tratando de localizar a sus padres.
Más al norte, en la ciudad fronteriza haitiana de Ouanaminthe, una niña no acompañada de 10 años fue deportada a finales de enero, dijo Geeta Narayan, representante de UNICEF en Haití.
“Estos niños se encuentran entre los más vulnerables”, afirmó, señalando que los grupos armados a lo largo de la frontera se aprovechan de ellos.
El año pasado, República Dominicana deportó a 1.099 niños no acompañados; 786 de ellos se reunieron con sus familias, según UNICEF.
Josette Jean, de 45 años, temía por su hijo de 16 años, nacido en República Dominicana, cuando recientemente fue deportado solo a Haití.
Con una fotografía de él en la mano, dijo que corrió al centro de detención dominicano donde se encontraba, pero que le dijeron que el gobierno no deporta a menores no acompañados. De todas formas, lo deportaron.
Jean pagó a un contrabandista para que trajera a su hijo de regreso a República Dominicana días después.
“Los niños que nacen aquí no tienen idea de dónde ir”, dijo sobre los deportados a Haití, un país que su hijo nunca había visitado.
Un número significativo de los deportados, como el hijo de Jean, nacieron en la República Dominicana pero carecen de certificados de nacimiento u otra documentación oficial que demuestre su situación legal. Los activistas acusan al gobierno de permitir que los permisos de trabajo caduquen o de negarse a tramitar sus documentos. La República Dominicana no otorga automáticamente la ciudadanía a todas las personas que nacen allí.
Mientras continúan las deportaciones masivas, los empleadores dominicanos de los sectores agrícola y de la construcción se quejan.
¿La respuesta de Ballester? Contratar trabajadores dominicanos.
'Haití se está ahogando'
Al menos un teléfono celular estaba grabando cuando Mikelson Germain, de 25 años, intentó evadir a las autoridades dominicanas a fines del año pasado. Estaba corriendo sobre un techo cuando un oficial lo atrapó y lo empujó. La mujer que estaba grabando gritó y comenzó a llorar, pensando que estaba muerto.
“Por la gracia de Dios, caí primero sobre un cable eléctrico”, dijo Germain en un video grabado por una organización sin fines de lucro.
Con su pierna herida y los hijos de su primo sosteniéndolo, Germain dijo que las autoridades abandonaron la escena.
Los activistas acusaron al funcionario de intento de asesinato, pero a pesar de la protesta generalizada, dicen que los abusos persisten.
El año pasado, un grupo de dominicanos, indignados por lo que calificaron de trato y detenciones a sus vecinos haitianos, lanzaron piedras, botellas y otros objetos contra las autoridades. Un hombre intentó desarmar a un funcionario de migración antes de que se iniciaran los disparos y todos se dispersaran.
Mientras continúan las deportaciones masivas, el presidente Abinader advirtió que la situación de Haití es un peligro para la región y que podría haber una “ola migratoria incontrolable”, al tiempo que pidió más apoyo para una misión respaldada por la ONU en Haití que lucha para combatir a las pandillas .
“No hay una solución dominicana a la crisis haitiana”, afirmó. “Haití se está ahogando mientras una parte importante de la comunidad internacional observa pasivamente desde la orilla”.
Contribuyó el periodista de Associated Press Martín Adames Alcántara en Santo Domingo, República Dominicana.
SANTO DOMINGO LOS OCOTES, Guatemala (AP) — Horas antes del amanecer, Julio Arrivillaga y Catalina Pérez Molina abordaron un autobús junto con otros residentes en el centro de este humilde pueblo para lo que debería haber sido un viaje de una hora a la capital de Guatemala.
Para Arrivillaga, era un viaje diario a su trabajo, donde cuenta fruta en el mercado más grande del país. Para Pérez Molina, era su viaje ocasional a la capital para comprar productos para los tamales y el maíz asado que vendía.
Pero en el camino su autobús se salió de la carretera y cayó en un profundo barranco , muriendo ellos y más de 50 personas más.
Este martes, familias de Santo Domingo Los Ocotes, acompañadas por el presidente Bernardo Arévalo , comenzaron a despedir a sus seres queridos en medio de un período de tres días de duelo nacional.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala informó el martes que 54 personas habían muerto en el accidente. Un día antes, el Ministerio Público había dicho que 53 personas habían muerto en el lugar del accidente y dos más en un hospital, pero no había conciliado las cifras el martes.
“Todavía no entiendo qué pasó”, dijo el martes la esposa de Arrivillaga, Irma Catalán. “No lo he aceptado. No sé qué será de mi vida ahora”.
Videos que circularon en línea de los momentos previos al accidente del lunes muestran que el autobús aparentemente iba a exceso de velocidad, se saltó semáforos y chocó con varios vehículos antes de salirse de la carretera y sumergirse en el barranco donde aterrizó boca abajo debajo de un puente y semisumergido en aguas oscuras contaminadas con aguas residuales.
En Santo Domingo Los Ocotes, los funerales estaban programados durante dos días.
Pérez Molina estaba entre los enterrados el martes.
Christian Pérez, su hijo de 25 años, dijo que todavía está en shock por la pérdida de su madre. Está confinado a una silla de ruedas desde que sufrió un accidente de motocicleta hace siete años y ella era quien sustentaba a la familia.
“No lo puedo negar, me duele mucho su pérdida”, dijo Pérez.
TIJUANA, México (AP) — Margelis Rodríguez y sus dos hijos se tomaron selfies en su vuelo a Tijuana, mostrando las camisetas que ella había hecho a medida para conmemorar lo que esperaba que fuera el momento que cambiaría la vida de su familia.
En la parte posterior de las camisetas estaban sus nombres y las banderas de los seis países por los que pasaron en 2024. En el frente, entre las banderas de su natal Venezuela y los Estados Unidos, estaba escrito en español: “Sí se pudo, gracias a Dios. La espera valió la pena. ¡Lo logré!”.
Las palabras de celebración ahora duelen, recalcando lo cerca que estuvieron sin lograrlo y lo precarias que son sus vidas con su futuro más incierto que nunca, dijo Rodríguez mientras estaba de pie cerca de la carpa en la que vive su familia en un refugio en Tijuana, a una cuadra del imponente muro que marca la frontera con Estados Unidos.
La familia se encuentra entre las decenas de miles de personas que tenían citas hasta febrero, muchas de ellas varadas en ciudades fronterizas mexicanas después de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo. Como parte de una ofensiva más amplia contra la inmigración , su administración canceló rápidamente todas las citas que las personas habían concertado a través de una aplicación del gobierno estadounidense. Bajo la administración de Biden, la aplicación CBP One facilitó la entrada de casi un millón de personas desde enero de 2023, y sus partidarios dicen que ayudó a poner orden en la frontera y a reducir los cruces ilegales.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos estima que unas 280.000 personas intentaban conseguir una cita cada día, muchas de ellas después de viajar a México, el único país donde funcionaba la aplicación. Ahora se enfrentan a la difícil cuestión de qué hacer a continuación.
Algunos regresaron a sus hogares. Otros abandonaron los refugios prometiendo cruzar la frontera ilegalmente. La familia Rodríguez parece reflejar el estado de ánimo predominante: quedarse donde están y ver cómo se desarrollan las políticas de Trump en los próximos meses.
Todo cambió en un momento.
Rodríguez voló a Tijuana con su hijo de 12 años y su hija de 6 años el 19 de enero, un día antes de que Trump jurara su cargo . Nunca le preocupó que el cambio de administración afectara su nombramiento el 21 de enero. Una amiga venezolana en Chicago tenía un trabajo para ella en una fábrica, un lugar para vivir y una escuela para sus hijos.
Lloró cuando la notificación llegó a su correo electrónico. “Fue como si me hubieran dado un puñetazo”, dijo. Pero aun así fue al puerto de entrada con sus hijos a las 5 de la mañana y esperó siete horas, con la esperanza de que la llamaran. Nunca lo hicieron.
Ha pasado más de un año desde que abandonaron su ciudad natal de Tumeremo, en una región asolada por la violencia y las disputas entre pandillas vinculadas a la minería ilegal de oro en la remota zona rica en minerales cerca de las fronteras con Guyana y Brasil. Rodríguez dijo que las pandillas controlaban cada vez más la vida allí, incluso cerrando periódicamente la escuela de sus hijos y escondiéndose en las casas de la gente.
Ella y su familia se fueron con su amiga y el hijo de 16 años de esta, tomando autobuses y caminando dos días y medio a través del accidentado Tapón del Darién . Pasaron nueve meses en Pachuca, en las afueras de la Ciudad de México, donde Rodríguez, de 38 años, encontró trabajo en una tortillería, en una carnicería y luego como cuidadora mientras esperaban su cita en CBP One.
La vida en Tijuana
Casi todo el dinero que ganó lo gastó en el viaje a Tijuana. No tiene los 1.200 dólares que necesita para regresar a Pachuca.
Ella y sus hijos pasan los días en un incómodo estado de aburrimiento y ansiedad. Ayudan a limpiar los baños, cocinar y barrer en el refugio.
“Aquí no hay niños de mi edad, así que no juego con nadie”, dijo su hijo, Mickel, que sueña con convertirse en futbolista y comprarle una casa a su madre.
Por la noche, la familia se queda en el patio cubierto del refugio, repleto de unas tres docenas de pequeñas tiendas de campaña bajo una pancarta gigante que dice: “Esto se trata de humanidad”. Comparten la tienda con su amiga venezolana y su hijo, con los pies del niño colgando por la abertura.
Rodríguez no ha podido dormir.
“Tengo tantas preocupaciones”, dijo.
No pondrá en riesgo a sus hijos al intentar entrar ilegalmente a Estados Unidos. Su madre dice que las cosas en Venezuela están peor que nunca. Familiares y amigos en Denver y Chicago que entraron a Estados Unidos bajo un programa de la administración Biden que les otorgó libertad condicional humanitaria temen que los deporten.
“No veo nada que me dé esperanza”, dijo. “Todo lo que veo es que están deportando a todo el mundo”.
Aunque le preocupa la seguridad en Tijuana, está solicitando una visa mexicana para poder trabajar allí. Planea comenzar a buscar un departamento y matricular a sus hijos en la escuela.
Buscando esperanza
Una tarde reciente, ella, sus hijos y media docena de inmigrantes más caminaron hasta una lavandería, con las camisetas que había confeccionado amontonadas en una bolsa de ropa sucia que se balanceaba sobre un cochecito que empujaba por el pavimento sin baches, pasando junto a una jauría de perros y gente que rebuscaba entre una pila de basura. Un amigo haitiano de Rodríguez se quedó atrás y buscó problemas mientras caminaban por el borde de un barrio rojo lleno de bares de striptease.
Unos días después, se sintió más tranquila. Un pastor local le había asegurado a Rodríguez que ahora se encontraba en el mejor lugar.
“Miren la situación con los migrantes en Estados Unidos, donde están expulsando a todo el mundo”, dijo, haciéndose eco de sus palabras.
Sus familiares le dicen que las cosas podrían mejorar en unos meses, diciendo que Estados Unidos simplemente está “limpiando” a los inmigrantes con antecedentes penales y que tal vez la administración Trump abra otra vía legal.
“Nos hemos quedado abandonados, atrapados en el limbo”, dijo. “Por supuesto, a veces todavía me desespero, pero también conservo un poco de esperanza. Solo tenemos que empezar de nuevo, empezar de nuevo”.
Radio América es una emisora de habla hispana que transmite desde la ciudad de Laurel en el estado de Maryland cubriendo con sus 1,900 vatios de potencia toda el área metropolitana de Washington D.C. en la cual residen cerca de 1 millón de Latinos.
Su propietario es Alejandro Carrasco considerado como la personalidad radial hispana mas influyente en Washington, Maryland y Virginia.
Su frecuencia, 900 AM una Ubicación ideal en el dial para alcanzar a toda la comunidad latina en el area metropolitana de Washington.
LA HABANA (AP) — Las autoridades cubanas advirtieron que el sistema energético nacional tendrá un déficit en la provisión de electricidad superior al 55% durante el horario pico de la tarde o noche del miércoles, un día después de que una gran central en el oriente de la isla sufriera una avería.
