NASHVILLE, Tennessee (AP) — Los legisladores republicanos de Tennessee han suspendido un proyecto de ley que buscaba desafiar el derecho constitucional de los niños a asistir a escuelas públicas, independientemente de su estatus migratorio . En cambio, con el tiempo a la baja en la sesión legislativa, solicitan orientación a las autoridades estadounidenses sobre si el proyecto de ley pondría en peligro la financiación federal de la educación.

La directiva anunciada el lunes por el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, William Lamberth, promotor del proyecto de ley, reduce las posibilidades de que se apruebe este año, mientras los legisladores se preparan para un posible aplazamiento esta semana. El Tennessee Journal fue el primero en informar sobre la decisión de Lamberth.

Cientos de niños han abarrotado el Capitolio de Tennessee este año para oponerse al proyecto de ley que atenta contra la protección establecida por la histórica decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1982 en el caso Plyler contra Doe . Esa decisión, dictada hace décadas, anuló una ley texana que pretendía negar la matrícula a cualquier estudiante no admitido legalmente en el país.

El Senado de Tennessee, controlado por los republicanos, ya aprobó una versión del proyecto de ley que exigiría comprobante de residencia legal para matricularse en escuelas públicas de kínder a bachillerato y daría a los distritos escolares la opción, pero no la obligación, de rechazar a los estudiantes que no presenten la documentación adecuada o de cobrarles matrícula. La versión de la Cámara de Representantes, que permanece inactiva en un subcomité, difiere al permitir que las escuelas públicas verifiquen el estatus migratorio, en lugar de exigirlo.

Lamberth señaló que Tennessee recibe aproximadamente $1.1 mil millones en dinero federal para educación anualmente.

“Confiamos plenamente en que la Administración Trump no retendrá fondos federales de nuestras escuelas debido a la aprobación del Proyecto de Ley 793 de la Cámara de Representantes/Proyecto de Ley 836 del Senado”, declaró Lamberth. “Sin embargo, por precaución, queremos ser extremadamente cautelosos antes de proceder para asegurarnos de que no se ponga en riesgo el dinero de los contribuyentes federales”.

Un número creciente de líderes conservadores, incluyendo el centro de estudios conservador The Heritage Foundation, presiona a los estados para que anulen el caso Plyler v. Doe. Los legisladores republicanos de Tennessee se encuentran entre los más enérgicos en la defensa de esta idea que contradice directamente el precedente de la Corte Suprema.

Los defensores del proyecto de ley han minimizado en gran medida la negación del derecho a la educación de los niños, y se han centrado en el impacto fiscal que enfrentan los estados al educar a los niños que residen ilegalmente en Estados Unidos. Sin embargo, no está claro si el proyecto de ley generará algún ahorro.

En la oposición, los estudiantes rompieron a llorar ante los comités legislativos, consternados por la expulsión de sus compañeros de la escuela y preocupados por quién podría ser el siguiente. Algunos defensores aplaudieron la noticia del lunes, pero advirtieron que el proyecto de ley no está muerto hasta que los legisladores den el visto bueno para el año.

“Lo que es innegable es esto: los legisladores se han visto obligados a reconocer la abrumadora oposición bipartidista de todo el estado a los ataques contra los niños y a negarles una educación”, dijo Lisa Sherman Luna, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Tennessee.

Los legisladores y otros simpatizantes conservadores señalan repetidamente la votación de 5 a 4 que determinó el caso Plyler en 1982, argumentando que el estrecho margen significa que hay una mayor probabilidad de que el precedente sea revocado por la actual Corte Suprema. Cabe destacar que la corte ha anulado el derecho al aborto.

(Foto AP/George Walker IV, Archivo)

Por  Jonathan Mattise