WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump ordenó un escrutinio más estricto de las universidades estadounidenses y los acreditadores que las supervisan, parte de su creciente campaña para poner fin a lo que él llama " conciencia " y los esfuerzos de diversidad en la educación.

En una serie de órdenes ejecutivas firmadas el miércoles, Trump criticó a las universidades que considera adversarias progresistas de su agenda política. Una orden exigió una aplicación más estricta de una ley federal que exige a las universidades revelar sus vínculos financieros con fuentes extranjeras, mientras que otra exigió una reestructuración de los organismos de acreditación que deciden si las universidades pueden aceptar la ayuda financiera federal otorgada a los estudiantes.

Trump también ordenó al Departamento de Educación que eliminara los esfuerzos para garantizar la equidad disciplinaria en las escuelas primarias y secundarias del país. Directrices previas de gobiernos demócratas indicaban que las escuelas no debían castigar desproporcionadamente a minorías subrepresentadas, como los estudiantes negros y nativos americanos. El gobierno afirma que las iniciativas de equidad constituyen discriminación racial.

El dinero extranjero está en juego en el enfrentamiento con Harvard

Los vínculos financieros de las universidades con fuentes extranjeras han sido durante mucho tiempo una preocupación entre los republicanos, especialmente los vínculos con China y otros países con relaciones adversas con los EE. UU. Se convirtieron en una prioridad durante el primer mandato de Trump y resurgieron la semana pasada cuando la Casa Blanca buscó influencia en su creciente batalla con la Universidad de Harvard .

La Casa Blanca dijo que necesitaba tomar medidas porque Harvard y otras universidades han violado rutinariamente una ley federal de divulgación, que se ha aplicado de manera desigual desde que se aprobó en la década de 1980. Conocida como Sección 117 de la Ley de Educación Superior, la ley requiere que las universidades revelen los obsequios y contratos extranjeros valorados en 250.000 dólares o más.

La semana pasada, el Departamento de Educación exigió a Harvard los registros sobre sus vínculos financieros con el extranjero durante la última década, acusándola de presentar "declaraciones incompletas e inexactas". La administración de Trump mantiene un conflicto con Harvard por la negativa de la universidad a aceptar una lista de demandas sobre su gestión de las protestas pro-palestinas, así como sobre sus iniciativas de diversidad, equidad e inclusión.

En la orden ejecutiva, Trump pide al Departamento de Educación y al fiscal general que intensifiquen la aplicación de la ley y tomen medidas contra las universidades que la violen, incluido un recorte de dinero federal .

La administración Trump pretende “poner fin al secretismo que rodea a los fondos extranjeros en las instituciones educativas estadounidenses” y protegerlas contra la “explotación extranjera”, según la orden.

Fue aplaudido por los republicanos, incluido el representante Tim Walberg de Michigan, presidente del Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes. Walberg acusó a China de explotar los vínculos académicos para robar investigaciones y "adoctrinar a los estudiantes".

Se ordenó a los acreditadores abandonar la DEI

Otra orden busca acreditar a los organismos que establecen los estándares que las universidades deben cumplir para aceptar la ayuda financiera federal de los estudiantes. Trump prometió en su campaña reformar la industria, afirmando que estaba "dominada por marxistas maniacos y lunáticos".

Aunque a menudo se los pasa por alto como una rama oscura de la supervisión universitaria, los acreditadores desempeñan un papel importante en el diseño de las universidades en muchos aspectos, con estándares que se aplican desde las juntas directivas de las universidades hasta el plan de estudios del aula.

La orden ejecutiva de Trump es el primer paso en lo que podría ser una larga batalla para reformar la industria de la acreditación. Una de sus principales prioridades es eliminar los requisitos de DEI impuestos a las universidades por las entidades acreditadoras. Algunas ya han eliminado o dejado de aplicar dichos estándares en medio de las medidas represivas de Trump contra la DEI .

La orden de Trump insta al gobierno a suspender o despedir a las entidades acreditadoras que discriminen en nombre de la DEI. En cambio, insta a las entidades acreditadoras a centrarse más en los resultados estudiantiles de las universidades y los programas que supervisan.

El presidente quiere facilitar que los nuevos acreditadores compitan con los 19 que ya están autorizados para trabajar en nombre del gobierno federal. Actualmente, los nuevos acreditadores que buscan ser reconocidos por el gobierno deben someterse a un arduo proceso que tradicionalmente lleva años. La orden de Trump establece que este debe ser "transparente, eficiente y no excesivamente oneroso".

“En lugar de presionar a las escuelas para que adopten una ideología DEI divisiva, los acreditadores deberían centrarse en ayudar a las escuelas a mejorar las tasas de graduación y el desempeño de los graduados en el mercado laboral”, dijo la secretaria de Educación, Linda McMahon, en un comunicado.

Restar importancia a la equidad en la disciplina escolar

Trump también invocó la oposición a las iniciativas de equidad en su orden sobre disciplina escolar. El edicto, firmado el miércoles, busca restablecer la disciplina escolar basada en el sentido común, permitiendo que las decisiones se basen únicamente en el comportamiento y las acciones de los estudiantes, afirmó McMahon.

Otra orden ejecutiva ordena a las agencias y departamentos gubernamentales que dejen de basarse en las "teorías de impacto dispar". Bajo el estándar de impacto dispar, las políticas y prácticas que afectan desproporcionadamente a las minorías y otros grupos protegidos podrían ser impugnadas, independientemente de su intención.

En muchas escuelas del país, los estudiantes negros han tenido mayor probabilidad de recibir castigos que los expulsan del aula, incluyendo suspensiones, expulsiones y traslados a escuelas alternativas. Hace una década, estas diferencias se convirtieron en el blanco de un movimiento reformista impulsado por la misma convicción que dio origen a Black Lives Matter . El movimiento elevó el concepto de la "vía de la escuela a la prisión": la noción de que ser expulsado de la escuela o abandonar los estudios aumenta la probabilidad de arresto y encarcelamiento años después.

Las directrices federales para abordar las disparidades raciales en la disciplina escolar surgieron inicialmente de la administración del presidente Barack Obama en 2014. Las autoridades federales instaron a las escuelas a no suspender, expulsar ni remitir a los estudiantes a las fuerzas del orden, salvo como último recurso, y fomentaron prácticas de justicia restaurativa que no obligaran a los estudiantes a abandonar el aula. Estas normas fueron derogadas por la primera administración de Trump, pero las regulaciones de derechos civiles a nivel federal y estatal aún exigen la recopilación de datos sobre disciplina.

El miércoles, Trump ordenó a McMahon emitir nuevas directrices de disciplina escolar en un plazo de 60 días. La orden también exige una revisión de las organizaciones sin fines de lucro que han promovido políticas disciplinarias basadas en la equidad y garantizar que no reciban fondos federales.

Otra orden crea un grupo de trabajo federal centrado en brindar capacitación en inteligencia artificial a los estudiantes estadounidenses desde el preescolar. Este grupo trabajaría para desarrollar nuevos recursos de aprendizaje en línea.

Trump también está implementando una iniciativa de la Casa Blanca para empoderar a las universidades históricamente negras. Entre otras iniciativas, buscaría promover alianzas del sector privado con las HBCU y la preparación de la fuerza laboral de las escuelas en sectores como la tecnología y las finanzas.

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COLLIN BINKLEY cubre el Departamento de Educación de EE. UU. y la política educativa federal para The Associated Press, junto con una amplia gama de temas desde K-12 hasta la educación superior.

JOCELYN GECKER es un reportero de Associated Press que cubre educación con un enfoque en las redes sociales y la salud mental de los jóvenes.

(Foto AP/Alex Brandon)

ATLANTA (AP) — Anjan Roy estudiaba con amigos en la Universidad Estatal de Missouri cuando recibió un correo electrónico que lo revolucionó por completo. Su estatus legal como estudiante internacional había sido cancelado y, de repente, corría el riesgo de ser deportado.

“Estaba en shock, pensando: ‘¿Qué demonios es esto?’”, dijo Roy, un estudiante de posgrado en informática de Bangladesh.

Al principio, evitaba salir en público, faltaba a clases y mantenía el teléfono apagado la mayor parte del tiempo. Un fallo judicial a su favor le permitió recuperar su estatus esta semana, y ya ha regresado a su apartamento, pero sigue pidiendo a sus compañeros que evalúen a las visitas.

Más de mil estudiantes internacionales se han enfrentado a interrupciones similares en las últimas semanas, con sus carreras académicas —y sus vidas en Estados Unidos— puestas en duda por la represión generalizada de la administración Trump. Algunos han tenido cierto éxito en los tribunales, con jueces federales de todo el país emitiendo órdenes para restablecer el estatus legal de los estudiantes, al menos temporalmente.

Además del caso presentado en Atlanta, donde Roy se encuentra entre los 133 demandantes, los jueces han emitido órdenes de alejamiento temporales en estados como Nuevo Hampshire, Wisconsin, Montana, Oregón y Washington. Los jueces han denegado solicitudes similares en otros casos, argumentando que no estaba claro si la pérdida de estatus causaría un daño irreparable.

Los estudiantes internacionales impugnan los motivos de la revocación de su estatus

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró el mes pasado que el Departamento de Estado estaba revocando las visas de visitantes que actuaban en contra de los intereses nacionales, incluyendo a algunos que protestaron contra la guerra de Israel en Gaza y a quienes enfrentan cargos penales. Sin embargo, muchos estudiantes afectados afirmaron haber estado involucrados solo en infracciones menores o que no está claro por qué fueron atacados.

El abogado de Roy y sus compañeros demandantes, Charles Kuck, argumentó que el gobierno no tenía fundamentos legales para terminar el estatus de los estudiantes.

La semana pasada, especuló ante el tribunal que el gobierno está intentando animar a estos estudiantes a autodeportarse, afirmando que «la presión sobre ellos es abrumadora». Comentó que algunos le preguntaron si era seguro salir de sus casas para conseguir comida, y otros temían no obtener un título después de años de trabajo o que sus posibilidades de una carrera en Estados Unidos se vieran truncadas.

"Creo que la esperanza es que simplemente se vayan", dijo Kuck. "La realidad es que estos chicos están comprometidos".

Un abogado del gobierno, R. David Powell, argumentó que los estudiantes no sufrieron daños significativos porque podían transferir sus créditos académicos o encontrar trabajo en otro país.

Al menos 1100 estudiantes de 174 universidades y sistemas universitarios han visto revocadas sus visas o cancelado su estatus legal desde finales de marzo, según una revisión de Associated Press de declaraciones universitarias, correspondencia con funcionarios escolares y registros judiciales. AP está trabajando para confirmar los informes de cientos de estudiantes más que se encuentran involucrados en la represión.

En una demanda presentada el lunes por cuatro personas con visas de estudiante en la Universidad de Iowa, los abogados detallan el sufrimiento mental y económico que han experimentado. Un estudiante de posgrado, de origen indio, "no puede dormir y tiene dificultad para respirar y comer", según la demanda. Ha dejado de asistir a la universidad, de investigar y de trabajar como asistente de cátedra. Otro estudiante, un estudiante chino de pregrado que esperaba graduarse en diciembre, afirmó que la revocación de su estatus ha agravado su depresión, hasta el punto de que su médico le aumentó la dosis de su medicación. El estudiante, según la demanda, no ha salido de su apartamento por temor a ser detenido.

Pequeñas infracciones convirtieron a los estudiantes en blanco de la represión

Roy, de 23 años, comenzó su carrera académica en la Universidad Estatal de Missouri en agosto de 2024 como estudiante de informática. Participó activamente en el club de ajedrez y en una fraternidad, y tiene un amplio círculo de amigos. Tras graduarse en diciembre, comenzó a cursar una maestría en enero y espera terminarla en mayo de 2026.

Cuando Roy recibió el correo electrónico de la universidad el 10 de abril sobre la cancelación de su estatus, uno de sus amigos se ofreció a faltar a clase para acompañarlo a la oficina de servicios internacionales, a pesar de que tenían un examen en 45 minutos. El personal de la universidad dijo que una consulta en la base de datos reveló que su estatus de estudiante había sido cancelado, pero desconocían el motivo.

Roy dijo que su único roce con la ley fue en 2021, cuando fue interrogado por la seguridad del campus después de que alguien llamara para denunciar una disputa en un edificio de viviendas universitarias. Sin embargo, afirmó que un agente determinó que no había pruebas de ningún delito y no se presentaron cargos.

Roy también recibió un correo electrónico de la embajada de Estados Unidos en Bangladesh informándole de que su visa había sido revocada y que podría ser detenido en cualquier momento. Le advertían que, si lo deportaban, podría ser enviado a un país distinto al suyo. Roy consideró irse de Estados Unidos, pero decidió quedarse después de hablar con un abogado.

Ansioso por estar en su propio apartamento, Roy fue a quedarse con su prima segunda y su esposo, que vivían cerca.

“Tenían miedo de que alguien me recogiera en la calle y me llevara a un lugar que ni siquiera conocían”, dijo Roy.

Se quedaba casi siempre en casa, apagaba el teléfono a menos que lo necesitara y evitaba los navegadores de internet que rastrean los datos del usuario mediante cookies. Sus profesores fueron comprensivos cuando les dijo que no podría asistir a clases por un tiempo, comentó.

Nuevas dudas sobre el futuro de los estudiantes en EE.UU.

Tras la orden del juez del viernes, regresó a su apartamento. El martes se enteró de que le habían restituido su estatus y planea volver a clases. Pero sigue nervioso. Les pidió a sus dos compañeros de piso, ambos estudiantes internacionales, que le avisaran antes de abrir la puerta si alguien desconocido tocaba.

La restitución de la personalidad jurídica del juez es temporal. Otra audiencia programada para el jueves determinará si conserva dicha personalidad mientras continúa el litigio.

Roy eligió Estados Unidos por encima de otras opciones en Canadá y Australia por las oportunidades de investigación y el potencial de contactos profesionales, y en última instancia quería enseñar en una universidad estadounidense. Pero ahora esos planes están en el aire.

Sus padres, en Daca, han estado viendo las noticias y están "asustados", dijo. Su padre le mencionó que tienen familia en Melbourne, Australia, incluyendo a un primo que es profesor adjunto en una universidad de allí.

Los periodistas de AP Christopher L. Keller en Albuquerque, Nuevo México, y Hannah Fingerhut en Des Moines, Iowa, contribuyeron a esta historia.

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Por  KATE BRUMBACK

(Foto AP/Kate Brumback)

WASHINGTON (AP) — Un juez federal acordó el martes impedir que el gobierno de Trump desmantele Voice of America , el servicio de noticias internacional de 83 años creado por el Congreso.

El juez de distrito estadounidense Royce Lamberth dictaminó que la administración exigió ilegalmente que Voice of America cesara sus operaciones por primera vez desde su creación en la época de la Segunda Guerra Mundial .

Los abogados de los empleados y contratistas de Voice of America solicitaron al juez que restableciera su capacidad de transmitir al mismo nivel antes de que el presidente Donald Trump intentara recortar su financiación. Lamberth estuvo de acuerdo en su mayoría y ordenó al gobierno que restableciera Voice of America y dos de las cadenas de radiodifusión independientes operadas por la Agencia Estadounidense para los Medios Globales (US Agency for Global Media) —Radio Free Asia y Middle East Broadcasting Networks— hasta que se resolvieran las demandas.

El juez denegó la solicitud de otras dos cadenas independientes, Radio Free Europe/Radio Liberty y Open Technology Fund.

En una presentación judicial del 26 de marzo, los abogados de los demandantes dijeron que casi todos los 1.300 empleados de Voice of America fueron puestos en licencia administrativa, mientras que a 500 contratistas se les dijo que sus contratos serían rescindidos a fines del mes pasado.

La Agencia Estadounidense para los Medios Globales, que gestiona la Voz de América, ha operado otros medios de difusión, como Radio Free Europe/Radio Liberty, Radio Free Asia y Radio Free Afghanistan. El Congreso ha asignado casi 860 millones de dólares a la Agencia para los Medios Globales para el presente ejercicio fiscal.

La Voz de América (VOA) dejó de emitirse poco después de que Trump emitiera una orden ejecutiva el 14 de marzo que recortó la financiación a la Agencia para los Medios Globales (AMM) y a otras seis entidades federales no relacionadas. También decidió rescindir los contratos de la VOA con agencias de noticias , incluida The Associated Press.

La Voz de América ha operado desde la Segunda Guerra Mundial , difundiendo noticias a países autoritarios sin libertad de prensa. Comenzó como contrapunto a la propaganda nazi y desempeñó un papel destacado en los esfuerzos del gobierno estadounidense durante la Guerra Fría para frenar la expansión del comunismo.

Trump y sus aliados republicanos han acusado a Voice of America de tener un “sesgo izquierdista” y de no proyectar valores “pro estadounidenses” a su audiencia.

Los abogados de los demandantes dicen que informa y transmite las noticias “de manera veraz, imparcial y objetiva”.

“Esa simple misión es poderosa para aquellos que viven en todo el mundo sin acceso a una prensa libre y sin la capacidad de discernir de otra manera lo que realmente está sucediendo”, escribieron .

Los abogados del gobierno argumentaron que los demandantes no lograron demostrar cómo habían sido perjudicados irreparablemente.

“Más bien, los demandantes apuntan a lo que se describe mejor como una pausa temporal en sus actividades mientras Global Media determina cómo lograr que Voice of America cumpla con la directiva del Presidente”, escribieron .

El liderazgo de la Agencia de Medios Globales incluye al asesor especial Kari Lake, ex presentador de noticias de televisión y candidato político.

En su decisión escrita, Lamberth señaló que la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales nunca finalizó su acuerdo de subvención con Radio Free Europe/Radio Liberty para el año fiscal en curso, y el Fondo de Tecnología Abierta retiró su solicitud legal de una orden de restricción temporal a principios de este año.

Radio Free Asia y Middle East Broadcasting Networks tienen acuerdos de subvención vigentes y, al igual que Voice of America, están financiadas por asignaciones del Congreso.

Lamberth dijo que los recortes de financiación “reflejan un enfoque apresurado e indiscriminado”, en particular porque se realizaron el mismo día en que el presidente Trump firmó la asignación del Congreso que financió a Voice of America y las cadenas hasta septiembre de este año.

"No sólo hay una ausencia de "análisis razonado" por parte de los acusados; hay una ausencia de cualquier tipo de análisis", dijo Lamberth.

El sindicato que representa a los trabajadores de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales calificó el fallo como una “poderosa afirmación del papel que desempeña el periodismo independiente en el avance de la democracia y la lucha contra la desinformación”.

“Estas redes son herramientas esenciales del poder blando estadounidense: fuentes confiables de información veraz en lugares donde a menudo escasea”, declaró Tom Yazdgerdi, presidente de la Asociación del Servicio Exterior Estadounidense, en un comunicado de prensa el martes. “Al defender la independencia editorial, el tribunal ha protegido la credibilidad de los periodistas de USAGM y la misión global a la que sirven”.

Rebecca Boone es corresponsal y cubre noticias de última hora, tribunales, cuestiones de rendición de cuentas y más para The Associated Press. Reside en Boise, Idaho.

(Foto AP/Andrew Harnik, archivo)

Por  MICHAEL KUNZELMAN y REBECCA BOONE

SAN SALVADOR, El Salvador (AP) — Cuatro demócratas de la Cámara de Representantes viajaron a El Salvador para llamar la atención sobre la difícil situación de un hombre que el gobierno de Trump deportó a una prisión salvadoreña y se ha negado a ayudarlo a regresar, incluso después de que la Corte Suprema dictaminó que era el deber del gobierno hacerlo.

Los representantes Yassamin Ansari de Arizona, Maxine Dexter de Oregón, Maxwell Frost de Florida y Robert García de California llegaron el domingo a la nación centroamericana para investigar la condición de Kilmar Abrego García , quien residía en Estados Unidos desde hacía más de una década. La administración Trump lo deportó, una medida que, según documentos judiciales, funcionarios de la administración afirmaron que fue un error.

Pero a pesar de un fallo de la Corte Suprema que ordenó a la administración Trump ayudar a facilitar el regreso de Abrego García, la administración ha dicho que no tiene poder para traerlo de regreso, una posición que está siendo examinada por los tribunales federales por considerarla potencialmente violatoria de fallos judiciales .

En una conferencia de prensa el lunes en la capital de El Salvador, los representantes demócratas y el abogado de Ábrego García declararon estar en El Salvador "exigiendo su regreso sano y salvo a casa". El grupo indicó que esperaban seguir presionando a las autoridades para su liberación, y que su solicitud de reunirse con Ábrego García fue denegada.

“Parte de lo que hace la administración Trump es esforzarse tanto que intenta que la gente olvide que violaron la ley, que ignoren por completo a la Corte Suprema”, dijo Frost. “No seremos los últimos congresistas y senadores aquí para asegurar su liberación y que nuestro país cumpla con las leyes”.

El viaje se produce después de uno la semana pasada.

El viaje del cuarteto se produce después de que el senador Chris Van Hollen, de Maryland, viajara a El Salvador la semana pasada y se reuniera con Ábrego García y funcionarios salvadoreños. Ábrego García vivía en Maryland con su esposa y sus tres hijos, ciudadanos estadounidenses, antes de ser deportado el 15 de marzo.

El estatus legal protegido de Ábrego García le impedía ser deportado a El Salvador. Fue deportado en uno de tres aviones llenos de migrantes acusados ​​de ser pandilleros.

Frost dijo que los cuatro representantes estaban en El Salvador para “continuar con el trabajo” de Van Hollen y que estaban preguntando dónde se encontraba detenido Abrego García y bajo qué condiciones.

Chris Newman, abogado que representa al deportado, agregó que su principal preocupación era el acceso de Abrego García a un abogado.

“Desconocemos el paradero del Sr. Abrego García desde la sesión fotográfica del jueves con el senador Van Hollen”, declaró Newman. “Exigimos saber de inmediato dónde se encuentra y tener acceso a él”.

La oficina de prensa de la Casa Blanca emitió un comunicado el lunes que decía que la semana pasada "ha mostrado a los estadounidenses todo lo que necesitan saber sobre las prioridades de los demócratas".

La Casa Blanca acusó a los representantes de “tomar el relevo de su partido y priorizar a un inmigrante ilegal deportado miembro de la pandilla MS-13 por encima de los estadounidenses a los que representan”.

El representante García declaró que él y Frost enviaron una carta la semana pasada al presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, republicano por Kentucky, solicitando que una delegación oficial viajara a El Salvador para investigar el estado de Ábrego García e impulsar su regreso, pero no recibieron respuesta. Ansari indicó que más demócratas viajarían a El Salvador en los próximos días y semanas.

Los abogados del Departamento de Justicia declararon ante el tribunal la semana pasada que no tienen facultades para impulsar el regreso de Ábrego García, ya que se encuentra bajo custodia de un país extranjero. Funcionarios del gobierno también afirmaron en declaraciones públicas que Ábrego García estaba involucrado en tráfico de personas y terrorismo, y por lo tanto, su deportación fue correcta. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que si Ábrego García regresara a Estados Unidos, sería deportado de inmediato.

Van Hollen presionó sin éxito al gobierno salvadoreño para el regreso de Ábrego García. El domingo, declaró en el programa "Meet the Press" de NBC que Estados Unidos enfrenta una crisis constitucional si la administración Trump no acata la orden de la Corte Suprema de impulsar el regreso de Ábrego García.

Es una advertencia que los demócratas amplifican cada vez más. En lugar de debatir la política migratoria de línea dura del presidente Donald Trump o los méritos de la invocación de la seguridad nacional por parte de la administración para llevar a cabo deportaciones, los legisladores demócratas se centran en el debido proceso, y algunos señalan que la Corte Suprema y jueces federales de tribunales inferiores dictaminaron que Abrego García fue deportado sin una audiencia adecuada.

Ansari dijo que le resulta “extremadamente alarmante” que los funcionarios de Trump parezcan no tener ningún respeto por el debido proceso.

“Incluso con todas las acciones ilegales que hemos visto en los últimos meses, creo que esta es la que más me aterroriza en lo que respecta al futuro de nuestra democracia”, dijo en una entrevista.

Preocupaciones similares fueron expresadas por la jueza de la Corte Suprema Sonia Sotomayor, quien escribió en el fallo de la corte en el caso de Abrego García: “El argumento del gobierno, además, implica que podría deportar y encarcelar a cualquier persona, incluidos ciudadanos estadounidenses, sin consecuencias legales, siempre y cuando lo haga antes de que un tribunal pueda intervenir”.

Los republicanos también han ido, pero por una razón diferente.

Varios republicanos de la Cámara de Representantes han visitado el Centro de Reclusión Antiterrorista de El Salvador, la prisión donde se encuentra Abrego García, y elogiaron el centro por lo que consideran las políticas de mano dura de El Salvador contra la delincuencia. Senadores y gobernadores republicanos han defendido la detención de Abrego García como parte de una ofensiva más amplia contra la inmigración ilegal. Sin embargo, al menos un senador republicano calificó su deportación como un error.

“La administración no lo admitirá. Pero esto fue un desastre”, dijo el senador John Kennedy, republicano de Luisiana, en el programa “Meet the Press” de la NBC.

Durante una reunión con el presidente salvadoreño Nayib Bukele en la Oficina Oval, Trump comentó que los infractores de la ley “locales” deberían ser deportados a cárceles del país centroamericano e instó a Bukele a “construir unos cinco lugares más” como la notoria penitenciaría donde se encuentra detenido Abrego García.

Hasta el momento, los republicanos del Congreso han mostrado poco interés en negociar la disputa entre el presidente y el poder judicial. Los demócratas, minoría en ambas cámaras del Congreso, tienen poca influencia para presionar a la Casa Blanca. Pero el caso de Ábrego García se ha convertido en un caso alarmante y motivador dentro del partido.

Los demócratas “tienen el poder de llamar la atención sobre este asunto y de mantener la presión”, dijo Ansari. “Por eso, como saben, algunos de nosotros iremos, y muchos otros lo harán. Porque se trata del futuro de nuestra democracia y del futuro del debido proceso como ciudadanos estadounidenses”.

Brown reportó desde Washington. La reportera de Associated Press Megan Janetsky contribuyó a este reportaje desde la Ciudad de México.

MARRÓN MATE es un reportero que cubre política nacional, cuestiones raciales y democráticas.

(Foto AP/José Luis Magaña)