La Casa Blanca se ha aferrado a su argumento de que el gobierno no debería tener que repatriar a Kilmar Ábrego García, a pesar de que la Corte Suprema de Estados Unidos y un tribunal inferior determinaron que fue deportado por error y debía ser enviado de regreso a Estados Unidos.

La jueza federal de distrito Paula Xinis ha solicitado actualizaciones diarias sobre las medidas que toma el gobierno de Trump para repatriar a Ábrego García, un salvadoreño de 29 años que residía en Maryland y está casado con una ciudadana estadounidense.

Durante semanas, los funcionarios del gobierno se han alternado entre admitir que Ábrego García fue deportado por error y argumentar que Estados Unidos ya no tiene competencia en el asunto porque él ahora se encuentra en El Salvador.

Esto es lo que jueces y funcionarios federales han dicho sobre el caso de Ábrego García.

Acusaciones de pertenecer a la pandilla MS-13

Primavera de 2019: Durante el primer mandato de Trump, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) detiene a Ábrego García y, según registros judiciales, afirma que un informante lo ha identificado como “miembro verificado de una pandilla”. Un juez de inmigración le niega la fianza a Ábrego García, asegurando que se tiene “confirmado por una fuente probada y confiable que es miembro de la pandilla MS-13”.

No obstante, el aviso de comparecencia oficial ante el tribunal de inmigración gira únicamente en torno al hecho indiscutible de que Ábrego García cruzó previamente la frontera de Estados Unidos sin autorización legal —“no se le permitió ingreso ni se le otorgó permiso humanitario después de ser revisado por un agente de inmigración”, dice la notificación. Ábrego García y sus abogados niegan cualquier pertenencia a una pandilla, y él nunca ha sido acusado de un delito relacionado.

Otoño de 2019: Otro juez de inmigración le otorga a Ábrego García protección contra la deportación a El Salvador y confirma su argumento de que correría peligro en su país de origen debido a la presencia de las pandillas locales. Sin embargo, el juez le niega el asilo general, destacando que “la suspensión de la deportación, a diferencia del asilo, confiere únicamente el derecho a no ser deportado a un país en particular, y no el derecho a permanecer en Estados Unidos”. Este punto será clave para los argumentos actuales del gobierno de Trump.

12 de marzo de 2025: Según documentos judiciales, agentes del ICE arrestan a Ábrego García, informándole que su “estatus migratorio ha cambiado”. Más tarde es deportado a la prisión de máxima seguridad CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo) en El Salvador.

31 de marzo: En respuesta a una demanda que busca el regreso de Ábrego García, el gobierno de Trump escribe en un documento que el “ICE estaba al tanto de su protección contra la deportación” a su país de origen, pero “fue deportado a El Salvador debido a un error administrativo”.

Comentarios de funcionarios sobre el paradero y estatus de Ábrego García

4 de abril de 2025: Erez Reuveni, abogado del Departamento de Justicia, declara ante el tribunal: “Reconocemos que no debió haber sido deportado a El Salvador”. Xinis presiona para que le expliquen el motivo de su detención y Reuveni responde: “No lo sé”.

Xinis le ordena al gobierno que facilite el regreso de Ábrego García, y la Casa Blanca cuestiona su autoridad. “Desconocemos si la jueza tiene jurisdicción o autoridad sobre el país de El Salvador”, declara Karoline Leavitt, la secretaria de prensa.

5 de abril: El gobierno apela la orden de Xinis y se retracta de cualquier admisión de error. En una apelación infructuosa ante la Corte Suprema, el procurador general John Sauer escribe: “La evaluación del poder ejecutivo sobre el peligro que representa Ábrego García para este país merece una deferencia considerable”.

6 de abril: La secretaria de Justicia Pam Bondi afirma en el programa matutino dominical Fox News Sunday que Reuveni, subdirector interino de la Oficina de Litigios de Inmigración de su dependencia, ha sido puesto en licencia debido a sus declaraciones a Xinis.

“No debió aceptar el caso, no debería haberlo discutido si eso era lo que iba a hacer”, señala Bondi. Compara la interacción entre Reuveni y Xinis con la de “un abogado defensor que llega y admite algo sobre su cliente en un caso penal”.

11 de abril: El gobierno le dice a Xinis que desconoce el paradero de Ábrego García. Drew Ensign, asistente adjunto del fiscal general, dice que el gobierno “está sopesando activamente sus opciones” en respuesta a una orden de la Corte Suprema que exige que se realicen labores para traerlo de regreso. Ensign, sin embargo, afirma que no tiene conocimiento personal sobre el estado de Ábrego García.

12 de abril: Por primera vez, un funcionario del gobierno estadounidense confirma que Ábrego García está vivo y recluido en la enorme prisión de El Salvador.

“Según entiendo, con base en informes oficiales de nuestra embajada en San Salvador, Ábrego García se encuentra actualmente recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, en El Salvador”, escribe Michael G. Kozak, quien se identifica en el documento como funcionario de la Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. “Está con vida y a salvo en dichas instalaciones”.

Kozak ratifica el argumento del gobierno de que Estados Unidos ya no tiene jurisdicción sobre Ábrego García: “Está detenido conforme a la autoridad soberana y nacional de El Salvador”.

13 de abril: Evan Katz, subdirector de la Oficina de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) del ICE, presenta una actualización diaria sobre el estado de Ábrego García. Dice que él “no debió haber sido deportado a El Salvador”. A pesar de ello, Katz repite el argumento de que “Ábrego García ya no es elegible para la retención debido a su pertenencia a la MS-13”.

Atrincherados en el Despacho Oval y más allá

14 de abril: Varios funcionarios federales hablan sobre el asunto durante un evento en el Despacho Oval con Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

Bondi pasa la responsabilidad a El Salvador. “Eso no nos corresponde”, puntualiza, añadiendo: “Si ellos quisieran devolverlo, nosotros lo facilitaríamos. Es decir, pondríamos a disposición un avión”.

Stephen Miller, subjefe de despacho de la Casa Blanca, destaca como un hecho las acusaciones de que Ábrego García pertenece a la pandilla MS-13. Por lo tanto, según Miller, Ábrego García “ya no era elegible para recibir cualquier tipo de ayuda migratoria en Estados Unidos” y fue deportado bajo una orden “válida” de un juez de inmigración.

Luego, según Miller, “una jueza de distrito intentó decirle al gobierno que tenían que secuestrar a un ciudadano de El Salvador y traerlo de regreso”.

También en la Casa Blanca, Miller reprende a los periodistas y arremete contra Reuveni: “Nadie fue deportado por error a ningún lugar. Es un hecho enorme que todos ustedes, la mayoría de ustedes, han entendido mal. Nadie fue enviado por error a ningún lugar. El único error que se ha cometido fue que un abogado puso una línea incorrecta en un documento legal que ya fue desestimado”.

Miller también afirma que la Corte Suprema determinó que “la orden del tribunal de distrito era ilegal”.

El fallo de los jueces decía que el “tribunal de distrito debería aclarar su directriz, teniendo debidamente en cuenta la deferencia que se le debe al poder ejecutivo en asuntos de política exterior”. No obstante, llegaron a la conclusión de que Xinis “exige debidamente que el gobierno ‘facilite’” la liberación de Ábrego García y añade que el gobierno debe “garantizar que su caso se gestione como se habría hecho si no hubiera sido enviado indebidamente a El Salvador”.

Bukele declara que es absurdo siquiera preguntarle sus intenciones. “¿Cómo puedo contrabandear a un terrorista a Estados Unidos? Por supuesto que no voy a hacer eso”, afirma, añadiendo que no tiene “la facultad para devolverlo”.

Más tarde, la actualización diaria del gobierno hace eco de la retórica de la Casa Blanca: Ábrego García se encuentra “bajo la custodia doméstica de una nación soberana extranjera”, escribe Joseph Mazzara, asesor general interino del Departamento de Seguridad Nacional. Ya “no es elegible” para la protección de los tribunales estadounidenses, dado que el gobierno ha declarado a la MS-13 como una organización terrorista extranjera, informa la actualización.

15 de abril: Tricia McLaughlin, subsecretaria de asuntos públicos del Departamento de Seguridad Nacional, declara a ABC News: “Deberíamos explicar a los espectadores por qué se produjo este error administrativo en primer lugar. Se debe a que este pandillero de la MS-13 se le otorgaron órdenes de protección debido a que había pandillas rivales en El Salvador que podrían ir tras él si era enviado allí. Así que pudo haber sido enviado a Egipto, Nicaragua, Honduras, a donde fuera. Simplemente no podía ir a El Salvador. Así que, en resumen, creo que esto prácticamente refuerza la tesis del gobierno de que se trata de un miembro de la MS-13”.

Y agrega: “Debería estar ya sea en un centro de detención estadounidense o en una cárcel salvadoreña”.

La periodista de The Associated Press Rebecca Santana colaboró con este reportaje

Bill Barrow covers U.S. politics. He is based in Atlanta.

(Murray Osorio PLLV via AP)