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Mientras tanto, el ejecutivo sufrió un revés legal cuando un juez federal bloqueó temporalmente su intento de liberar a migrantes más rápidamente cuando las instalaciones de detención de la Patrulla Fronteriza se encuentren al máximo de su capacidad.
En el norte de México, algunos migrantes, incluidos niños, se paseaban por la frontera estadounidense, reforzada con alambre de púas y soldados, sin saber exactamente a dónde ir ni qué hacer a continuación. Otros se instalaron en refugios, decididos a conseguir una cita de asilo, aunque podrían tardar meses en obtenerla.
En Matamoros, frente a Brownsville, Texas, familias migrantes dudaron apenas un instante cuando venció el plazo para adentrarse en las aguas del río Bravo que separa las dos ciudades, sosteniendo sus celulares por encima del agua para iluminar el camino hacia Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses les gritaron para que diesen la vuelta.
“Tengan cuidado con los niños”, gritó un agente a través de un megáfono. “Esto es especialmente peligroso para los niños”.
Las normas que expiraron, conocidas como Título 42, estaban en vigor desde marzo de 2020 y permitían a los agentes fronterizos devolver rápidamente a los solicitantes de asilo a través de la frontera con el argumento de prevenir la propagación del COVID-19.
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El gobierno del presidente Joe Biden presentó sus nuevas normas en un intento de frenar la llegada ilegal de solicitantes de asilo a través de la frontera, reactivando y endureciendo las sanciones previas a la pandemia y creando nuevas vías legales para obtener protección y que tratan de anular a los traficantes de personas sin escrúpulos.
La transición al nuevo sistema se produjo durante la noche, en medio de los recursos legales y de los esfuerzos desesperados de los migrantes para cruzar una frontera reforzada con alambre de púas y soldados.
En Florida, un juez federal asesó un revés potencialmente grave al plan gubernamental al bloquear temporalmente su intento de liberar más rápidamente a los migrantes cuando las instalaciones de detención de la Patrulla Fronteriza se encuentren al máximo de su capacidad.
En Matamoros, al otro lado de la frontera de Brownsville, Texas, familias migrantes, algunas con niños en brazos, dudaron apenas un instante al vencer el plazo antes de adentrarse en las aguas del río Bravo que separa las dos ciudades, aferrándose a sus celulares para iluminar el camino hacia Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses les gritaron para que diesen media vuelta.
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El Programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público está dirigido a docentes, bibliotecarios, enfermeros, abogados del interés público, militares y otros funcionarios públicos. Este cancela el saldo restante de la deuda estudiantil luego de 10 años de trabajo de interés público, o 120 pagos mensuales.
El programa es independiente del plan de condonación de deuda estudiantil del presidente Joe Biden, que cancelaría o reduciría la cantidad a pagar de los préstamos que recibieron millones de prestatarios sin importar su campo profesional. La Corte Suprema federal está evaluando si el plan puede seguir adelante.
El Programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público (PSLF, por sus siglas en inglés) fue lanzado en 2007, pero debido a sus reglas estrictas más del 90% de los solicitantes fueron rechazados, señaló el Departamento de Educación en 2019.
En octubre de 2021, el gobierno facilitó temporalmente los requisitos, favoreciendo que las personas presentaran su solicitud y recibieran autorización. Estos requisitos laxos llegaron a su fin en octubre de 2022. Sin embargo, los prestatarios que quieran incrementar el cómputo de sus pagos tienen otra oportunidad de hacerlo. Tienen hasta fin de año para solicitar el ajuste único de cuenta.
Con el ajuste único de cuenta, los prestatarios con préstamos directos a través del Programa William D. Ford tendrán beneficios similares a los que estaban disponibles con la exención del PSLF. Los prestatarios que no tengan préstamos directos pueden consolidar y recibir crédito del PSLF por pagos previos como parte de este ajuste, siempre y cuando envíen una solicitud de consolidación a más tardar a finales de 2023.
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El gobierno dijo que admitirá a por lo menos 100.000 latinoamericanos que pretendan reunirse con sus familiares en Estados Unidos, pero prácticamente no ha dado a conocer detalles. El plan fue anunciado en un momento en que las restricciones vinculadas a una ley de salud pública, conocida como Título 42, están por expirar el jueves.
A continuación, un vistazo a la nueva vía legal para que latinoamericanos se reúnan con sus familiares en Estados Unidos:
¿CÓMO HARÁN LA SOLICITUD LAS PERSONAS?
Durante una visita reciente a la ciudad fronteriza de Brownsville, Texas, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro N. Mayorkas, dijo que las personas habrán de solicitar el permiso para unirse con sus familias en Estados Unidos en centros de procesamiento regionales. El gobierno planea abrir un centenar de dichos centros en el hemisferio occidental, y que los primeros serían en Guatemala y Colombia.
Los centros atenderán solicitudes de permisos humanitarios de reunificación de familias, dijo Mayorkas, además de solicitudes para el programa de refugiados de Estados Unidos y permisos condicionales humanitarios para aquellos considerados particularmente vulnerables, que se decidirán caso por caso.
¿QUIÉN SERÁ ELEGIBLE?

Las sanciones se anunciaron el mismo día que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, habló por teléfono con el presidente Joe Biden sobre inmigración y la crisis del fentanilo.
Un comunicado de la Casa Blanca acerca de la llamada señalaba que los dos mandatarios reconocieron los recientes esfuerzos de sus naciones para contrarrestar el fentanilo y el tráfico de armas “mediante el desmantelamiento de las redes criminales.”
El Departamento del Tesoro designó a Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, y a otros para sanciones financieras, incluida la congelación de cuentas bancarias y activos de propiedad estadounidense y la prohibición de que los estadounidenses hagan negocios con ellos. Una empresa de equipos químicos y para laboratorios de Culiacán, México, y un negocio de bienes raíces también fueron objeto de sanciones.
Las más recientes sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro se dieron tras la presentación de cargos de tráfico de fentanilo en abril contra otros tres hijos de Guzmán: Ovidio Guzmán López, Jesús Alfredo Guzmán Salazar e Iván Archivaldo Guzmán Sálazar, conocidos como “Los Chapitos”, y dos docenas de miembros del cártel de Sinaloa.