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Nate Paul, de 36 años, fue fichado en una cárcel de Austin la tarde del jueves después de que fue detenido por agentes federales, de acuerdo con los registros del Departamento de Policía del condado Travis. De momento se desconoce qué cargos condujeron a su arresto, pero los registros penitenciarios indicaban que se encuentra detenido por una orden federal relacionada con un delito grave.
La detención de Paul siguió a una investigación federal de un año en torno al desarrollador inmobiliario de Austin, una pesquisa en la que Paxton involucró a su oficina, desencadenando una serie de acontecimientos que finalmente condujeron a su juicio político el mes pasado.
Los abogados de Paul no respondieron de momento a solicitudes de comentarios. Uno de los abogados de Paxton, Dan Cogdell, dijo que no contaba con información adicional sobre el arresto de Paul. El FBI se negó a comentar al respecto y un portavoz de la fiscalía federal en el oeste de Texas no respondió a solicitudes de comentarios.
Los agentes del FBI que revisaban el preocupante imperio de bienes raíces de Paul allanaron sus oficinas y su mansión de Austin en 2019. Al año siguiente, siete de los principales colaboradores de Paxton denunciaron al fiscal general ante el FBI por acusaciones de soborno y abuso de autoridad para ayudar a Paul, incluyendo la contratación de un abogado externo para examinar los señalamientos del desarrollador sobre comportamiento indebido por parte de agentes federales.
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El Deparmanto de Justicia tenía previsto hacer público el encausamiento por siete cargos antes de una histórica comparecencia la semana entrante, en medio de las actividades de campaña presidencial con vistas al 2024 acentuadas por diversas acciones judiciales penales en múltiples estados.
La acusación formal conlleva consecuencias legales sumamente graves, incluida la posibilidad de prisión en caso de ser condenado.
Pero también tiene enormes consecuencias políticas, posiblemente afectando las primarias republicanas rumbo a la presidencia que Trump ha estado dominando y poniendo nuevamente a prueba la disposición de los votantes y líderes del Partido Republicano para mantenerse al lado de un candidato que ahora ha sido encausado en dos ocasiones y que aún podría enfrentar más cargos. El proceso abre la puerta para un juicio sensacional en torno a las acusaciones de que el hombre al que alguna vez se le confiaron los secretos más importantes de la nación acaparó de manera intencional e ilegal información delicada para la seguridad nacional.
El Departamento de Justicia no ha confirmado públicamente la acusación. Pero dos personas familiarizadas con la situación que no estaban autorizadas a discutirla públicamente dijeron que la acusación contiene siete cargos penales. Una de las personas dijo que el equipo de Trump había sido contactado por los fiscales poco antes de que el exmandatario anunciara en su plataforma Truth Social que había sido encausado.
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La querella, interpuesta en un tribunal estatal el miércoles, acusa a por lo menos 30 condados de Nueva York de pretender “amurallar sus fronteras” a los solicitantes de asilo mediante decretos “xenófobos” que violan la ley estatal y federal.
“Estos condados han implementado decretos desacertados e ilegales basados en afirmaciones falsas de que la perspectiva de unos cientos de solicitantes de asilo acogidos a expensas de la ciudad en varios condados constituye una emergencia y pone en peligro la seguridad pública”, dijo Sylvia Hinds-Radiz, abogada de la ciudad.
En los últimos meses, la ciudad de Nueva York se ha esforzado por atender la afluencia de solicitantes de asilo, convirtiendo hoteles y lugares de culto en refugios mientras el alcalde Eric Adams declaraba en repetidas ocasiones que la ciudad había alcanzado su límite para recibir personas. El mes pasado, la ciudad empezó a trasladar en autobús a decenas de inmigrantes a un puñado de hoteles al norte de la ciudad.
La medida desencadenó un aluvión de declaraciones de emergencia por parte de las autoridades locales, desde Long Island hasta la frontera canadiense. Las órdenes amenazaban con sanciones penales y económicas a la ciudad de Nueva York y a cualquier hotel u otro negocio que ayudara a reubicar a los inmigrantes.
Algunos funcionarios condales plantearon temor por la delincuencia o el hacinamiento, mientras que otros dijeron que no podrían permitirse atender a los inmigrantes si la ciudad dejaba de pagar las habitaciones de hotel.
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Ese día, relató Pence, mientras los simpatizantes de Trump irrumpían en el Capitolio federal después de que el presidente insistió falsamente en que su vicepresidente podía revertir los resultados electorales, Trump “me exigió que eligiera entre él y nuestra Constitución. Ahora los votantes enfrentarán esa misma decisión”.
Pence es el primer exvicepresidente en la historia moderna del país en contender contra el presidente para el que trabajó. Aunque dedicó buena parte de su discurso —en un community college de un suburbio de Des Moines— a criticar al presidente Joe Biden y el rumbo por el que ha llevado al país, también abordó directamente lo sucedido el 6 de enero, señalando que Trump se había descalificado a sí mismo cuando declaró falsamente que Pence tenía las facultades para mantenerlo en la presidencia.
Las declaraciones de Trump sobre un fraude electoral a gran escala llevaron a una turba de sus simpatizantes a irrumpir en el Capitolio, obligando a Pence y a su familia a resguardarse mientras algunos de los inconformes gritaban: “¡Cuelguen a Mike Pence!”
“Pienso que cualquiera que se ponga por encima de la Constitución nunca debe ser presidente de Estados Unidos, y cualquiera que le pida a alguien más ponerse por encima de la Constitución nunca debe ser presidente otra vez”, declaró.
Pence ha pasado gran parte de los últimos dos años y medio lidiando con las consecuencias de ese día mientras intenta trazar un futuro político en un partido que sigue siendo sumamente leal a Trump y que está repleto de muchos que aún creen en las mentiras de Trump de que la elección de 2020 les fue robada y que de alguna manera Pence podía haber rechazado los resultados.
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Susan Louise Lorincz, de 58 años y que es blanca, fue arrestada y acusada de homicidio con arma de fuego, negligencia dolosa, violencia y dos cargos adicionales de agresión en la muerte de Ajike Owens, que era negra, según indicó en un comunicado el jefe de policía del condado Billy Woods.
Las autoridades se habían visto presionadas para detener y procesar a la mujer, que disparó a través de su puerta y mató a su vecina en un caso que ha vuelto a abrir el debate sobre la divisiva ley de defensa propia de Florida
En un video compartido en Facebook el martes por la noche, Woods dijo que este no era un caso de defensa propia, sino “simplemente un asesinato”.
“A muchos de ustedes les costaba comprender por qué no hubo un arresto inmediato”, dijo el jefe de policía. “Las leyes aquí en el estado de Florida están claras. Puede que no me gusten, puede que no esté de acuerdo con ellas. Pero sin embargo, cumpliré esas leyes”.
El video compartido por la oficina de Woods mostraba a dos detectives y un agente escoltando a Lorincz, que caminaba por un pasillo vestida con pantalones cortos, una camiseta negra y una chaqueta con las manos a la espalda.
Registros penitenciarios mostraban que se la había fichado, aunque no indicaban un abogado que pudiera hablar en su nombre. En un primer momento no estaba claro cuándo sería su primera comparecencia ante una corte.
Cuando fue interrogada, Lorincz afirmó que había actuado en defensa propia y que Owens había intentado forzar su puerta antes de los disparos. Lorincz también alegó que Owens la había perseguido y atacado en el pasado. Un comunicado de la policía indicó que los detectives habían concluido en su investigación -que incluyó tomar declaración a testigos- que las acciones de la sospechosa no eran justificables según la ley de Florida.
Owens, de 35 años y madre de cuatro hijos, murió en el tiroteo del viernes por la noche, indicó Woods. Las dos mujeres vivían en las colinas al sur de Ocala, una ciudad en el norte de Florida.
Woods dijo el lunes que los detectives trabajaban con la fiscalía del estado y debían investigar las posibles alegaciones de defensa propia antes de seguir adelante con cualquier proceso penal. El jefe de policía señaló que la ley de Florida impedía hacer un arresto salvo que se pudiera probar que el tirador no había actuado en defensa propia.