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La admisión de la responsabilidad —cinco días después de que el primer vuelo aterrizó en la capital de California— sólo aumentó las tensiones entre el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y su homólogo californiano, Gavin Newsom, quienes suelen tener visiones políticas encontradas.
Dos aviones aterrizaron en Sacramento en los últimos días, uno el viernes y otro el lunes, ambos con solicitantes de asilo a bordo procedentes, en su mayoría, de Colombia y Venezuela. Los migrantes habían sido recogidos en El Paso, Texas, trasladados a Nuevo México y posteriormente colocados en vuelos chárter con destino a la capital de California, de acuerdo con Rob Bonta, procurador general de California. Bonta investiga si se produjo alguna infracción a la ley penal o civil.
Alecia Collins, portavoz de la División para Manejo de Emergencias de Florida, dijo en un comunicado que “mediante un consentimiento verbal y escrito, estos voluntarios indicaron que querían ir a California”. También compartió un video en el que aparentemente se mostraba a personas firmando formularios de consentimiento y dando las gracias a los funcionarios por tratarlos bien.
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El gobernador de Florida, Ron DeSantis, y otros funcionarios estatales guardaron silencio, tal como lo hicieron en principio el año pasado cuando enviaron a 49 migrantes venezolanos al lujoso destino de Martha’s Vineyard, en Massachusetts, tras haberlos contactado en un albergue de San Antonio.
Mientras el fiscal general de California Rob Bonta investigaba el traslado de los migrantes, funcionarios locales y grupos religiosos buscaban la manera de proporcionar albergue, alimentos y otros recursos para los 36 migrantes recién llegados. La mayoría son de Colombia y Venezuela, y California no era su destino final.
En tanto, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, se refirió en Twitter a DeSantis como un “hombrecito patético” e insinuó que California podría presentar cargos de secuestro en su contra.
Y mientras los migrantes llegaban a California, un departamento de policía de Texas anunció el lunes que había recomendado cargos penales en relación a los dos vuelos realizados a Martha’s Vineyard el año pasado.
Johnny Garcia, portavoz del Departamento de Policía del condado de Bexar, dijo que por el momento la agencia no está nombrando a ningún sospechoso. Se desconoce si el fiscal local presentará cargos, los cuales incluyen delitos menores y graves de detención arbitraria, según la policía del condado.
Los gobernadores republicanos de Texas y Arizona enviaron anteriormente a miles de migrantes en autobuses a Nueva York, Chicago y Washington, D.C., pero los vuelos chárter representan una escalada de las tácticas. Los dos grupos que fueron enviados a Sacramento nunca pasaron por Florida. En su lugar, personas con documentación relacionada con Florida se les acercaron en El Paso, los enviaron a Nuevo México, y luego los subieron en aviones privados que viajaron hacia la capital de California, informaron funcionarios de California y activistas.
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Horas más tarde, la policía señaló que las cuadrillas de rescate habían llegado al lugar en que cayó el avión en una parte rural del valle Shenandoah y no encontraron sobrevivientes.
La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) indicó que el jet Cessna Citation despegó de Elizabethtown, Tennessee, en dirección al Aeropuerto MacArthur de Long Island, Nueva York. Inexplicablemente, el avión giró para regresar cuando se encontraba sobre Long Island y se dirigió directamente hacia Washington antes de estrellarse sobre terreno montañoso cerca de Montebello, Virginia, aproximadamente a las 3:30 de la tarde.
De momento se desconocen la causa del choque, cuántas personas iban a bordo y por qué el avión no respondía a los mensajes. La aeronave voló directamente sobre la capital de la nación, aunque técnicamente se desplazaba sobre algunos de los espacios aéreos más restringidos del país.
Un funcionario federal confirmó a The Associated Press que se desplegó una aeronave militar para responder al comportamiento errático del avión privado, el cual no respondía a las transmisiones de radio y posteriormente chocó. El funcionario habló a condición de guardar el anonimato al no estar autorizado a declarar sobre los detalles de la operación militar.
Los portales de monitoreo de vuelos mostraban que el avión sufrió una caída en picada, descendiendo en un momento dado a un ritmo de más de 30.000 pies (poco más de 9.000 metros) por minuto, antes de estrellarse en el parque natural St. Mary’s Wilderness.
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Unas 20 personas de entre 21 y 30 años fueron trasladados en un avión privado a Sacramento el lunes, dijo el fiscal general de California, Rob Bonta. Fue el segundo vuelo de este tipo en cuatro días.
El alcalde de Sacramento, Darrell Steinberg, y los grupos religiosos que han estado ayudando a los migrantes convocaron una conferencia de prensa para el martes en la mañana.
Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, criticó a DeSantis calificándolo de “hombre pequeño, patético” y sugirió que el estado podría presentar cargos por secuestro.
DeSantis y otros funcionarios de Florida no se pronunciaron al respecto, como hicieron en un primer momento el año pasado cuando llevaron a 49 migrantes venezolanos al lujoso enclave de Martha’s Vineyard, en Massachusetts, en aviones privados desde un refugio en San Antonio.
DeSantis, que aspira a la candidatura republicana a la Casa Blanca, ha sido un crítico acérrimo de la política migratoria del presidente Joe Biden y ha publicitado el rol de Florida en casos previos de traslado de migrantes a estados de mayoría demócrata.
Además, ha hecho del programa de reubicación de migrantes una de sus principales prioridades políticas, empleando el proceso legislativo estatal para financiarlo con millones de dólares y trabajando con varios contratistas para la realización de los vuelos.
Vertol Systems Co., la empresa a la que Florida pagó por trasladar a los migrantes a Martha’s Vineyard, parece estar detrás de los vuelos del lunes y del pasado viernes a Sacramento, agregó Bonta apuntando que los pasajeros llevaban “un documento oficial del estado de Florida” en el que se menciona a la compañía.
La empresa no respondió a un correo electrónico pidiendo comentarios.
En total, más de tres docenas de migrantes han llegado a Sacramento en vuelos entre el viernes y el lunes. La mayoría son colombianos y venezolanos. California no era el destino que buscaban y su llegada tomó por sorpresa a refugios y cooperantes, indicaron las autoridades.
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Estas personas, hombres y mujeres jóvenes, fueron dejados el viernes frente a la Diócesis Católica de Sacramento con apenas una mochila de pertenencias cada uno, dijo Eddie Carmona, director de campaña del grupo comunitario religioso PICO California que brinda asistencia a los migrantes.
Los sudamericanos fueron procesados por agentes de inmigración estadounidenses y ya tenían fecha fijada para sus casos de asilo cuando “individuos que representan a un contratista privado” los abordaron afuera de un centro para migrantes en El Paso, Texas, dijo Carmona.
Esas personas dijeron que ayudarían a los migrantes a conseguir trabajos y llevarlos a su destino final, agregó.
“Les mintieron y los engañaron intencionalmente”, declaró Carmona, que agregó que los migrantes no tenían ni idea de dónde se encontraban cuando fueron dejados en Sacramento.
Newsom dijo que él y el fiscal general Rob Bonta se reunieron el sábado con el grupo de migrantes y se enteraron de que los habían enviado de Texas a Nuevo México y después los transportaron en un jet fletado hasta Sacramento.
“Estamos trabajando estrechamente con la alcaldía, con socios locales y caritativos para garantizar que a estas personas llegadas se les trate con respeto y dignidad, y alcancen el destino que pretendían mientras dan seguimiento a sus casos de inmigración”, dijo el gobernador en un comunicado.
Newsom dijo que también está trabajando con el Departamento de Justicia de California para averiguar quién cubrió el costo del transporte del grupo y “si los individuos que orquestaron este viaje engañaron a alguien con falsas promesas o si cometieron algún delito penal, como secuestro”.
El año pasado, los gobernadores republicanos de Texas y Florida se dieron a la intensa tarea de enviar vía aérea a migrantes hasta baluartes demócratas sin aviso previo, como parte de una campaña para acentuar la atención en lo que describían como las fallidas políticas fronterizas del gobierno del presidente Joe Biden.